En el marco de nuestra última guerra civil, el sábado 1 de abril de 1939, desde el Cuartel General del bando nacional, en Burgos, se emitía el siguiente parte de guerra: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”, dando con ello fin oficialmente a esta guerra civil. Aunque el parte se emitió ese día, realmente la guerra en el campo de batalla había terminado con la caída de Cataluña tras la derrota republicana en la batalla del Ebro (julio-noviembre de 1938). La explotación del éxito por los nacionales de la derrota republicana en esta batalla, fue espectacular: el 23 de diciembre del mismo año iniciaron la ofensiva sobre Cataluña; el 26 de enero de 1939 entraron en Barcelona, el 5 de febrero tomaron Gerona y, poco después, toda la frontera pirenaica quedó bajo su control, apoderándose en su avance de armamento y material abandonado por los republicanos en su precipitada huida hacia territorio francés. Ya sólo quedaban operativos los ejércitos republicanos del centro y levante, insuficientes para frenar la imponente fuerza de maniobra de los nacionales. El golpe de estado dado el 5 de marzo por el Jefe del Ejército republicano del Centro, Coronel Segismundo Casado, precipitó el desplome de las fuerzas republicanas.

Pero quienes antes determinaron el final de la guerra fueron Francia y Gran Bretaña, quienes a finales de 1938 pusieron en marcha su maquinaria diplomática para el reconocimiento oficial del Gobierno franquista. El 25 de febrero de 1939, los Gobiernos franquista y francés firmaron tres documentos en Burgos que han pasado a la historia bajo el título de “Acuerdos Bérard-Jordana”. Léon Bérard, senador francés, fue enviado a Burgos el 3 de febrero del 39, como representante del gobierno francés, para redactar unos acuerdos previos al reconocimiento “de iure” del Gobierno franquista. El representante por parte de los nacionales fue el General Gómez Jordana, entonces Vicepresidente del Gobierno franquista y Ministro de Asuntos Exteriores. Dada la situación en el campo de batalla y en el tablero internacional, con estos acuerdos, el Gobierno francés asumía lo que el realismo dictaba: el reconocimiento del régimen de Franco. Para el Gobierno nacional, el interés por el reconocimiento francés era evidente por sus efectos inmediatos sobre otras Naciones. En el momento de estas negociaciones, las tropas nacionales controlaban el 66,59 por ciento de la población y el 80,11 por ciento del territorio; pero esta situación favorable no se correspondía en el terreno diplomático. Sólo diez Estados habían reconocido “de iure” al gobierno nacional (Albania, Alemania, Guatemala, Hungría, Italia, Japón, Manchoukuo, Portugal, El Vaticano y El Salvador); otros diez lo reconocían “de facto” (Bulgaria, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Rumania, Suiza, Checoslovaquia, Turquía, Uruguay y Yugoslavia); y

Chile y Polonia mantenían una representación comercial en Burgos. El intercambio de embajadores fue la consecuencia inmediata a estos acuerdos. Por parte nacional fue nombrado el politico y diplomático José Félix de Lequerica, mientras que por parte francesa, el mariscal Petain.

El 27 de febrero, el Gobierno francés procedió a reconocer “de iure” al gobierno de Franco, y ese mismo día le siguió el Gobierno británico con la misma consideración jurídica. Por su parte, el gobierno estadounidense, a pesar de los informes de la embajada británica comunicándoles el reconocimiento del Gobierno franquista, la posición favorable a ello del Gobierno francés y el interés en contrarrestar cuanto antes los movimientos diplomáticos italianos y alemanes, esperaría a reconocerlo hasta el final de la guerra.

El aislamiento del gobierno republicano de Negrín y su reconocimiento de la derrota, había quedado patente tras la caída de Cataluña. La hipótesis mantenida por el Partido Comunista de las ventajas de una resistencia a ultranza esperando un conflicto general en Europa, es más que discutible en función no sólo de la situación internacional y el aislamiento de la Unión Soviética tras el acuerdo de Munich (septiembre de 1938) entre Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania, sino también de sus consecuencias posteriores con la firma del pacto germano-soviético en agosto de 1939, unos días antes del inicio de la 2ª Guerra Mundial. Era evidente que Gran Bretaña y Francia no iban a consentir al sur de los Pirineos un Estado satélite de los soviéticos comunistas ni de los nazis. Las garantías dadas por el Gobierno de Franco para su reconocimiento, entre ellas, la retirada de tropas alemanas e italianas del territorio nacional y nuestra neutralidad ante la previsible guerra que se cernía sobre Europa, se cumplieron, no actuando con la misma lealtad franceses y británicos, quienes se unirían a los soviéticos comunistas en el aislamiento internacional a nuestra Nación tras la guerra mundial.