RECIENTEMENTE en una reunión de amigos se planteó cual sería la cuestión que más preocupa en la política española. Casi por unanimidad se concluyó que esta era la degradación de la democracia. Uno de los asistentes añadió sobre las consecuencias posibles. Pude intervenir en mi turno de palabra y di mi opinión al respecto, la misma que quiero trasladar en este artículo.

La degradación de la democracia española es una realidad resaltada por observatorios internacionales califican a España como una democracia menguante. Abundan sobre esta cuestión otras fuentes informativas y documentales; el prestigioso semanario The Economist en su índice de febrero de 2022 incluye a España entre las “democracias defectuosas”. Menciona las causas detectadas; la excesiva influencia política debilita la independencia del poder judicial, el nacionalismo independentista en Cataluña y los imparables casos de corrupción que se califica sistémica. Sobre cualquiera de estos tres asuntos podrían rellenarse decenas de artículos con sobrados datos y menciones que afirman que el actual Gobierno de España no se muestra efectivo ante estos tres retos que preocupan a los ciudadanos. Frente a cualquier análisis sectario lo cierto es que el gobierno de España no parece dispuesto a enfrentarse a estos problemas sino que ha asentado su posible continuidad en sostener la situación una vez invadido el Tribunal Constitucional , complacido a los independentistas catalanes con indultos y prerrogativas exclusivas y amparado a los corruptos con la reforma del código penal aminorando las penas por corrupción. Ninguna esperanza sobre la regeneración anunciada en aquella moción de censura. Si bien el escándalo que significa que el Gobierno de España haya rebajado las penas por corrupción a políticos condenados, porque se trata únicamente de políticos, por haber dispuesto de dinero público en su beneficio, se ha extendido como una preocupación de consecuencias imposibles cuantificar y que en todo caso harían menos punible estos delitos y menos creíble el sistema democrático sobre los impuestos a los ciudadanos. En los ámbitos nacionales e internacionales se abre una incógnita en relación a la intención última del gobierno de España sobre frenar la corrupción. La Unión Europea no parece decidida a continuar enviando fondos a España cuando la corrupción campa a sus anchas con la benevolencia del Gobierno. Y por ello la Comisión Europa plantea una pena de al menos cinco años de prisión por delitos de malversación e insta a los países miembros a las reformas pertinentes del código penal para ajustarse a esta directiva de la UE. Se trata de frenar el fenómeno de la corrupción y el gobierno de España habrá de cumplir y por ello llevar cabo una nueva reforma del código penal para endurecer las penas. Causa bochorno esta enmienda a la labor legislativa del mismo gobierno que en diciembre de 2022, hace cinco meses, rebajó a cuatro años como máximo las penas a los políticos corruptos. Además de los políticos independistas corruptos, entre otros varios ex dirigentes del PSOE condenados a prisión.

En esta situación poco ha de sorprender la degradación de la democracia española. Una abogada y ensayista, Guadalupe Sánchez Baena, ha dedicado una obra monográfica sobre este asunto, “Crónica de la degradación democrática en España” (Ed. Deusto).La autora aporta datos y argumentos suficientes para concluir en la calificación deprimente de nuestros sistema político. Y es muy evidente que estamos en un proceso de degradación institucional y legislativa emprendido por el Gobierno de España con el apoyo de sus socios parlamentarios, independistas catalanes y vascos y herederos politicos de ETA. Esta avalancha que socava los cimientos de la propia Constitución de 1.978 ha situado la democracia española en una crisis fundacional desde que comenzó la transición política en 1.978. Los promotores y actores de esta desnaturalización del sistema democrático que se alumbró con la colaboración de todas las fuerzas parlamentarias que elevaron España al nivel de calidad de las democracias europeas, son quienes en estos años de gobierno pretenden subvertir el orden de valores que inspiran la más fecunda iniciativa política del siglo XX. España no es una excepción, los populismos, los nacionalismos y corrientes de pensamiento marxista no comparten la idea de alguna organización supranacional que diluya el poder territorial que los nacionalismos excluyentes y supremacistas se arrogan. El conjunto de estas fuerzas políticas confluye con en el gobierno de España en un proyecto común. Y este proyecto pasa por rebajar la conciencia democrática en la sociedad española y europea, el primer paso de esta estrategia es la degradación de la democracia y el debilitamiento de las Instituciones que la sostienen. Hasta ahora el éxito de la operación es indudable; la colonización de las Instituciones es un hecho en algunos casos difícilmente reversible. Basta mencionar que el gobierno ha logrado colocar peones afines ideológicamente e incluso políticos con servidumbre partidista al servicio de las necesidades del gobierno en el CIS, la Guardia Civil, el CNI, INDRA, la Presidencia del Congreso, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, entre otras Instituciones y organismos Públicos. Es decir, ha logrado cambiar el fundamento de las Instituciones liberales en agencias gubernamentales cuya necesaria neutralidad ha quedado relegada a favor del activismo y la militancia sin más control que del propio gobierno. Lo que está en juego, según la autora antes mencionada, es la estabilidad del orden liberal cuyo punto final daría paso al totalitarismo aun que se revistiera de algunas etiquetas creadas por el marketing político.

El mayor síntoma de lo anterior es el cuestionamiento sistemático de los contrapoderes que establece todo régimen democrático. El actual gobierno y sus socios avanzan sin demasiados obstáculos hacia la “peronización” de España. La democracia liberal, el Estado de Derecho, los contrapoderes del Estado ,singularmente el poder ejecutivo, estorban en este proyecto al que se ha entregado sin reservas el presidente del gobierno. De continuar avanzando en este proceso de degradación de la democracia el pulso político de la sociedad quedaría prácticamente anulado y finalmente podría cuestionarse la Jefatura del Estado estableciendo un nuevo sistema político de una España plurinacional con matices federales que dejaría sin efecto la integridad territorial del Estado español. Según varios analistas y politólogos que estudian de cerca esta evolución antidemocrática, de continuar en el poder otra legislatura Sánchez abriría un proceso que podría comenzar por un socialismo edulcorado para concluir en un futuro no tan lejano en un régimen vitalicio de raíz bolivariana. Ninguno de sus socios de gobierno y aliados parlamentarios se lo podría cuestionar porque comparten ese mismo objetivo.