Ahora que los gánsteres habituales vuelven a amenazar a los periodistas, hay que recordar que la libertad de expresión es algo muy serio. Es uno de los derechos fundamentales en la esfera del ámbito público junto a otros como la igualdad ante la ley y goza de especial protección. El artículo 20 de la Constitución ampara la libre expresión, la difusión libre de los pensamientos, ideas y opiniones y consagra el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz. La veracidad es la clave de bóveda de este ejercicio. Y el objeto del periodismo son los ciudadanos, a quienes pertenece el derecho a la información, no a los periodistas, que solo lo administramos mediante un acuerdo tácito.

Una ITV

Hace mucho tiempo que le periodismo español, de la mano de sus empresas, pero empezando por los profesionales, debió mirarse hacia adentro, hacia lo profundo, y hacerse una ITV a fondo. Una autoevaluación sobre su contribución a la España que camina por el camino de la democracia desde 1978. El balance general será más que positivo. Sin el trabajo colectivo del conjunto de medios nacionales, regionales y locales nuestro Estado de derecho sería otro e incluso no sería. Sin embargo, esa afirmación, que es un hecho, no oculta que la trayectoria de los últimos años deje mucho que desear. Desde la gran mentira periodística del 11-M –esa tenacidad viscosa en propalar falsedades con un mero afán político, como han acreditado todos los tribunales e investigaciones– muchas cosas han cambiado en la profesión. El todo vale se ha impuesto en muchas cabeceras con el seguidismo de periodistas felices de contribuir a algo que deben creer grandioso cuando en realidad lo que están es ayudando -con gran éxito- a socavar la credibilidad entera del sector y a enfangar la vida pública.

Pedirle a los periodistas que hagan autocrítica es un ejercicio tan fatuo como exigírselo a los políticos, a los jueces, la iglesia católica a los sindicatos o las patronales. Cada uno haga la suya. Pero junto a los representantes públicos, el periodismo ha tenido y tiene una labor esencial en la articulación e influencia del debate público y por lo tanto en el Estado tal y como lo conocemos.

El segundo párrafo

La propuesta honrada –que no exactamente neutra u objetiva– de un medio sobre el día a día de España es fundamental para blindar las libertades y controlar al poder. Su oferta finita y limitada por un marco de papel y un número de páginas de lo más importante del día en función de sus criterios editoriales, cambió. Pasamos a un mundo digital en el que los usuarios deciden qué le interesa y cómo lo consumen. El paradigma ya es otro. Usuarios activos, lectores replicantes y de alguna forma el fin o la pérdida de valor de la intermediación de los periodistas. Todos los políticos populistas -y cada vez más de los otros- quieren relacionarse directamente con su público a través de redes sociales, sin periodistas que les interpreten, los incomoden, los interpelen o los contradigan. Parece que en ese ámbito ya no se llamaría exactamente información, sino experiencia de usuario. Y no es periodismo sino propaganda. La prescindibilidad del segundo párrafo, como clamaba Walter Matthau, es cada vez más evidente. Igual que ha ocurrido en la política, en el periodismo también los principios éticos han sido suplantados por la ley como referencia. Yo cuento lo que quiero y están en su derecho de llevarme a los tribunales, como si el ejercicio responsable y ético de la profesión fuera accesorio.

Aunque una fuerza gravitatoria desconocida nos llevara a otro sistema planetario hay al menos cuatro cuestiones que seguirían distinguiendo a una dictadura de una democracia: una oposición que hace su trabajo, una sociedad civil articulada, un corpus legal que recoge y garantiza el pleno ejercicio de derechos y deberes y la libertad de prensa. Lo contrario es Putin ganando elecciones sin bajarse del autobús en un remedo de democracia que no se creen ni sus votantes.

Amenazas, bulos, intimidación

Escuece decirlo, pero una parte del periodismo español se ha convertido en una caricatura. Durante demasiado tiempo se ha permitido a los poderes públicos, partidos e instituciones mangonear en las redacciones. Todo periodista sabe dónde empieza y donde acaba el límite de la relación profesional con un político. Hasta los becarios saben distinguir las presiones. No hay periodista que haya tenido alguna responsabilidad en nuestro país que no haya sido presionado, avisado o amenazado. Desde la simple llamada más o menos intimidatoria hasta la petición al editor para "depurar" a los "malos" de una redacción, llegando a la prohibición del acceso a la información pública y el veto a la inversión institucional. Quien diga lo contrario es que no ha practicado el periodismo, se habrá dedicado a otra cosa.

Las presiones están para aguantarlas, claro. Pero los periodistas no viven en un mundo ideal. Ni son héroes, incluso tienen la molesta obligación de llenar la nevera. Pero lo de hoy es menos sofisticado: el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, el turbio Miguel Ángel Rodríguez, amenaza directamente a los periodistas dejándolo por escrito, amedrentando con el cierre de periódicos que no le pelotean y le compran la quincalla diaria. Medios perseguidos aunque sus informaciones han quedado acreditadas, un pequeño detalle. Un jefe de gabinete de la presidenta de Madrid difundiendo imágenes y bulos sobre periodistas mientras hacen su trabajo. Tremendo delirio: agitación, irritabilidad, imaginaciones, un mundo paralelo. Sin periodistas y medios comprando su basura y sus intentos de desacreditar a quien considera adversarios no tendría éxito ni corrompería el comportamiento ético del poder respecto al derecho de los ciudadanos a recibir información rigurosa.

El matonismo, un viejo conocido de la libertad de expresión

Las empresas periodísticas, que por lo general y con mucho mérito, hacen hoy arduos esfuerzos para consolidar sus posiciones, el empleo y su actividad, también conocen perfectamente el paño. Es históricamente indigno el juego permitido, aceptado y extendido como si fuera normal de amenazar con el uso de la publicidad institucional premiando a los afectos y castigando a quienes consideran díscolos -ahí cabe cualquiera que no masajee al poder- con el dinero de todos. Es un uso partidario y nauseabundo del dinero público, como ocurre con los medios públicos o en su día con las cajas de ahorro. Generalizar siempre es mentir. Pero en este juego han entrado las izquierdas y las derechas. Lo público y lo privado. Aunque el nivel matón, arrabalero cañí y sucio, al estilo de El hombre de la esquina rosada de Borges, que alcanza Miguel Ángel Rodríguez, no se veía por estos pagos desde que sus primeras amenazas a varios grupos de comunicación y decenas de periodistas lo sacaron de la política y lo colocaron en el dinero privado, del que desdichadamente Ayuso lo rescató. Así se conduce el PP de Madrid, nada nuevo. Siempre metido en escándalos y corrupciones, depurando a los incómodos, persiguiendo a periodistas y ganando elecciones con contundencia. Pero viva la libertad. El paradigma de los tiempos.

Los hechos: un cordero frente a los lobos

Sin embargo, nada de esto justifica lo que hacen muchos medios y periodistas. Participar en esas ceremonias de intoxicación y bulo aunque solo los desmerece a ellos confunde al conjunto de la sociedad. Las fakes news casi van consiguiendo su propósito: que no se distinga la verdad de la mentira. Ahora con imágenes, vídeos y voces de perfecta imitación. Demasiados estadounidenses siguen creyendo que Obama nació en Kenia o que Trump perdió las elecciones por un fraude electoral. En España hemos llegado a esto por la inmoralidad de muchos que han convertido sus medios en trincheras. La mayoría de medios, progresistas y conservadores, hacen un trabajo digno que contribuye al debate público con honestidad, pero el ruido del resto es atronador.

Hemos agudizado la patología a la que apuntó Montanelli cuando dijo que en cualquier país necesitaba comprar varios periódicos para contrastar las diferentes opiniones sobre un mismo hecho, salvo en España, donde necesitaba comprar varios diarios para contratar las diferentes versiones sobre un mismo hecho. No respetar los hechos equivale a hacer trampas. No tenemos un problema con las opiniones, sino con los hechos. Dicho por Bruno Latour, el padre de la teoría del actor-red, en España "un hecho solo es un cordero frente a los lobos".

Comprobar, contrastar, contar

En este ecosistema dañado los políticos tienen graves responsabilidades, aunque sin la cooperación necesaria de muchos periodistas sus manipulaciones y bulos no llegarían a publicarse. Que los políticos se hagan mirar lo suyo, que tienen mucho que mirarse, pero los periodistas no somos ajenos al daño inferido al espacio público. La mejor ecuación para el periodismo es de escuela clásica y aun no ha sido remplazada por ninguna formulación de vanguardia: comprobar, contrastar, contar. No va a cambiar, es la esencia de nuestro trabajo. Sin embargo, cada día se publican piezas cuyos autores ni han comprobado ni contrastado nada. Han ido directamente a ejercer el derecho de contar, cercenando los elementos que hacen invulnerable el proceso y prestigioso nuestro trabajo. Los tiempos no ayudan a pensar que este proceso tendrá marcha atrás. Por lo que se necesitarán mejores blindajes para la profesión y buenos aprendizajes para los ciudadanos. Paco Umbral, con adorno cañí, lo dijo en su discurso al serle otorgado el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense: "El periodismo, pues, nace como género literario y mantiene a los ciudadanos avisados, a las putas advertidas y al Gobierno inquieto".