Las leyes están en deuda con la lengua porque es responsabilidad de los legisladores que en ellas se utilice un lenguaje claro e impongan la misma obligación a todos los poderes del Estado, sostiene el director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), Santiago Muñoz Machado.

Muñoz Machado inauguró este lunes en Madrid la primera convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro que, impulsada por la RAE, se constituyó en junio de 2022, en un acto en la Corte Suprema de Justicia de Chile, con el propósito de fomentar el lenguaje claro y accesible como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía y proponer soluciones para su implantación en todo el mundo hispanohablante.

Más de 200 instituciones públicas y privadas de América, Filipinas, Guinea Ecuatorial y España se han sumado ya a esta red que celebra ahora su primera convención en Madrid, que se clausurará este martes en un acto que presidirá el rey Felipe VI.

El director de la RAE expuso cómo el movimiento favorable al lenguaje claro, que surgió en el ámbito de la justicia, se ha extendido a todos los ámbitos en los que se desarrolla una relación con los ciudadanos.

Y se exige ahora lenguaje claro a la medicina, a los medios de comunicación, a empresas que presten servicios de interés general y en el consumo de bienes y servicios, como los medicamentos, alimentos, seguros o instrumentos de financiación bancaria, indicó Muñoz Machado.

Además, en la actualidad se han multiplicado las necesidades de información y claridad en los derechos individuales afectados por la revolución digital, como la protección de datos o la lucha contra sesgos lingüísticos por el auge de la inteligencia artificial,  agregó el director de la RAE.

Para coordinar un marco que pueda servir de referencia general, en esta primera convención de la red panhispánica se presentará la Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible, con claves para hacer el lenguaje de las instituciones más claro, sin perjuicio de otras sectoriales que puedan elaborarse siguiendo estas pautas, ha indicado el director.

Entre otros temas, las jornadas abordarán cómo se comunica la Administración con los ciudadanos

En la inauguración participó también Elena Martínez Rosso, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay y secretaria permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que explicó cómo el lenguaje judicial suele caracterizarse por su especial complejidad e incluso ambigüedad con aspectos negativos, como por ejemplo, excesiva velocidad, redundancia, frases demasiado largas o fallos sintácticos que dan como resultado un lenguaje a menudo confuso, según estableció la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.

Según Martínez Rosso, ante la "confusión" en que muchas veces incurre el lenguaje judicial, es necesaria no solo la formación inicial desde las escuelas judiciales sino que es conveniente también reforzar la de todos los jueces en activo porque otras veces "esa confusión deriva de la carencia de ideas claras, comúnmente en casos de complejidad técnica que requieren de argumentación sólida que no logra generarse ni siquiera en la mente del juez".

Ricardo Blanco, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, recalcó que el papel de esta convención "para fomentar el lenguaje claro y accesible como fundamento de los valores democráticos" y la necesidad de promover un consenso para que el lenguaje comprensible sea adoptado por los diferentes organismos en sus comunicaciones con los ciudadanos.

En las jornadas se hablará de la claridad del lenguaje en los diferentes poderes públicos y, además de en el ámbito de la Justicia, se abordará cómo se comunica la Administración con los ciudadanos, la educación, los lenguajes de especialidad y en el ámbito de la inteligencia artificial.