"Algunos prefieren el café aguado para todos para no molestar". El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido de este modo su propuesta de financiación singular para Cataluña. Lo ha hecho con esta alusión a la Transición, cuando el Gobierno de Adolfo Suárez anunció que las entonces preautonomía serían para todas las regiones. Un periodistas preguntó al ministro para las Regiones, Manuel Clavero, si eso significaba que habría "café para todos". "Sí", respondió. 

Aragonés ha sentenciado en una intervención en el Colegio de Economistas de Cataluña que su propuesta de financiación es la misma que la que tienen País Vasco y Navarra: "Ni más ni menos". Quien también es candidato de ERC a las próximas elecciones catalanas ha contestado, así, al PSC, cuya portavoz, Nuria Parlón, ha sostenido que "no es sensato" plantear la financiación en la campaña electoral. La propuesta también ha provocado el rechazo del Gobierno andaluz y del líder del PSOE en la comunidad, Juan Espadas. También el de la asociación de Inspectores de Hacienda, que ha hecho público un informe en el que sostienen que este cupo catalán no cabe ni en la Constitución ni en la ley de financiación de las autonomías, la Lofca. 

"No es el momento de pedazos o de discutir sobre lo que incomoda menos", ha indicado Aragonès. El presidente de la Generalitat planteó la semana pasada un sistema de "financiación singular" para que Cataluña recaude y gestione la totalidad de los impuestos para luego transferir una cantidad a negociar por los servicios que el Estado presta en la comunidad más otra para "contribuir a la equidad entre territorios".

Lo que el Govern plantea es "una soberanía fiscal plena" para Cataluña, es decir, "poder decidir sobre nuestros impuestos" y superar un modelo "injusto y arbitrario" que genera "una sensación de maltrato crónico" hacia las finanzas de la Generalitat. Todo lo anterior debe negociarse en el marco de una relación bilateral, ha insistido, pese a la negativa inicial del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. En relación con el antecedente de 2012, cuando el entonces president Artur Mas ya planteó sin éxito un concierto económico para Cataluña, ha remarcado que ahora el Ejecutivo central sí "está sentado en la mesa" -a diferencia de entonces, cuando la negativa del PP de Mariano Rajoy aceleró el proceso independentista.

Inspectores de Hacienda, en contra

La presidenta de la asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, ha indicado que un eventual sistema de financiación singular para Cataluña "conculcaría los principios de igualdad, solidaridad y justicia". En un encuentro con periodistas, De la Herrán ha añadido que si, para salvar esta situación, se optara por reformar la Lofca para dar una "especialidad" a la financiación catalana constituiría "un fraude de ley", ya que daría un privilegio prohibido por la Constitución a una región del régimen común.

Los inspectores también han rechazado una fórmula que pase por la creación de un consorcio entre la Agencia Tributaria de Cataluña y el Gobierno. Según esta asociación, una eventual traslación a la Generalitat de la gestión o recaudación de impuestos no cedidos a través de un consorcio entre el Estado y la comunidad autónoma, una figura que solo está prevista para casos concretos "cuando se crea conveniente y la naturaleza del tributo lo exija". Aún así, el documento presentado por Aragonés reclama esta singularidad en la financiación catalana basada en un "agravio" que procede, en realidad, del retraso en la revisión del sistema de financiación, que afecta más a otras regiones como la Comunidad Valenciana, por lo que no es justificable, según los inspectores.

Una eventual independencia fiscal de Cataluña contravendría, además, el principio constitucional de no privilegiar unas regiones frente a otras, algo que ocurriría porque Cataluña estaría mejor financiada que las demás -casi duplicaría sus ingresos, al pasar de 25.600 millones a 52.000 millones, según cálculos de la Generalitat- y, por lo tanto, podría prestar mejores servicios. Al mismo tiempo, si Cataluña, al quedarse con la totalidad de los impuestos de la región, dejara de dotar a los fondos de cohesión social del Estado "el resto de comunidades autónomas van a recibir menos" ingresos por esta vía, ha advertido De la Herrán, es decir, "van a estar peor financiados y recibir peores servicios públicos".

El fraccionamiento de la Agencia Tributaria, además, pondría en cuestión el futuro de los 5.000 trabajadores actualmente destinados en Cataluña -que ya están mostrando nerviosismo, según la asociación- y dificultaría la lucha contra un fraude fiscal cada vez más globalizado, ya que se perdería el sistema de información único. Los regímenes forales de País Vasco y Navarra, previstos en la Constitución, ya suponen un "agujero negro" en materia de información a efectos de lucha contra el fraude, ha subrayado Peláez, una deficiencia que se subsana porque suponen alrededor del 6 o el 7 % del PIB, pero Cataluña supone el 20 % del PIB, por lo que su salida de la Agencia tendría "una repercusión muchísimo mayor". De la Herrán ha aprovechado además el evento para cargar contra el "silencio rotundo" del Ministerio de Hacienda ante las peticiones de la asociación para abordar la reforma de la función pública, que, a su juicio, dará acceso a funcionarios no preparados, lo "que acabará siendo un sistema clientela