La Audiencia de Almería ha acogido este lunes el inicio de la vista oral contra nueve presuntos narcos y un guardia civil que presuntamente habría colaborado con ellos al facilitarles información a cambio de pagos, si bien desconocía para qué iba a ser utilizada la misma.

La calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso EFE, señala que los nueve primeros acusados se concertaron de forma previa a octubre de 2020 para introducir y vender grandes cantidades de hachís procedente del norte de África.

La droga era trasladada en embarcaciones a Roquetas de Mar, dónde presuntamente gestionaban distintos lugares dedicados a la guarda y custodia del hachís.

Según esta acusación, C.I.P. era el responsable de dirigir las distintas operaciones, mientras que I.L.A. y su marido V.A.C., junto a B.S.L., eran los supuestos responsables de dar las instrucciones a los patrones de las narcolanchas, mientras que otros acusados realizaban labores de asistencia.

La Fiscalía relata un episodio acontecido el 21 de octubre de 2020, en el que la embarcación utilizada sufrió una avería, por lo que fue remolcada por Salvamento Marítimo hasta el puerto de Aguadulce, en Roquetas de Mar.

Allí fueron localizados 41 fardos de hachís, con un peso de 1,175 toneladas, y un valor aproximado de 6,5 millones de euros.

Recoge otro traslado el 15 de febrero de 2021, cuando parte de los acusados llegaron al puerto de Aguadulce con dos fardos de hachís con un peso total de 65 kilos y un valor de 588.354,21 euros.

Asegura asimismo el Ministerio Público que el guardia civil acusado colaboró con el resto de acusados y contactaba con C.I.P. para proporcionarle información sobre investigaciones policiales o la ubicación de vehículos de su cuerpo o de la Policía.

Supuestamente, recibía a cambio "favores o cantidades de dinero", aunque la Fiscalía añade que no se ha podido constatar que "conociese el detalle de las operaciones".

El escrito de la Fiscalía indica que el 15 de octubre de 2020 el guardia realizó una consulta sobre la placa de matrícula de un vehículo, después de que le pidieran confirmar que no era de la Guardia Civil, y que el 21 de dicho mes, entró en varias ocasiones en las bases propias del cuerpo para realizar consultas similares.

El Ministerio Público pide penas que suman entre cinco y siete años de prisión para los acusados por delitos de pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública, y al guardia civil únicamente le imputa delitos de revelación de secretos y cohecho.

El guardia civil ha admitido que ofreció información sobre matrículas “en dos o tres ocasiones”, aunque ha insistido en que nunca desveló la identidad del dueño.

Ha considerado que esta información no tenía relevancia y ha insistido en que no sabía que se utilizaba para el tráfico de drogas y que no cobró de la supuesta organización.

El acusado representado por la letrada Mónica Moya ha admitido que arrendó una de las embarcaciones, pero que a su vez se la arrendó verbalmente a otro acusado, que ha dicho por su parte que fue así, que fue él el que aceptó el trabajo y alquiló el barco, para añadir que, de hecho, su acompañante tampoco sabía nada.