Podríamos calificar el mes de marzo como el más feminista del año, y es que, alrededor del Día Internacional de las Mujeres 8M se suceden informaciones y noticias en los medios sobre la situación de las mujeres en el mundo y la igualdad (o desigualdad) de género en diversos aspectos de nuestras vidas. Este mes de marzo se celebra además la 68ª Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW68) en la ciudad de Nueva York, en la que, de la mano de la OMS, se tratan aspectos como la infravaloración del trabajo de cuidados en salud, la justicia menstrual o el acceso a servicios de aborto seguro. Y es que el derecho a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales en el aún hoy no se ha alcanzado la igualdad entre mujeres y hombres.

La OMS identifica los sesgos en los sistemas sanitarios como uno de los determinantes de las desigualdades de género en salud. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los que el sistema sanitario actúa sobre estas desigualdades? En primer lugar, la invisibilización, esto es, la falta de (re)conocimiento de las inequidades de género en salud es un factor muy importante que contribuye a que las desigualdades persistan y no desaparezcan. La invisibilización (y en casos extremos, la negación de su existencia) es una forma de “ceguera de género” que produce discriminación. En segundo lugar, una atención inadecuada a las desigualdades ya existentes contribuye a que estas se mantengan y perpetúen. En tercer lugar, las propias actuaciones del sistema sanitario pueden (re)producir y profundizar las desigualdades de género en salud. Y a la base de estos mecanismos se sitúan los sesgos de género en la investigación en salud, de los cuales ya nos hemos ocupado en esta tribuna.

La equidad de género de los sistemas sanitarios se puede analizar desde diversos aspectos. En cuanto a la financiación, se sabe que en sistemas de salud no solidarios las mujeres pagan más que los hombres por mantener su salud. En sistemas de aseguramiento privado, las mujeres son más costosas porque viven más tiempo, con peor salud y con más necesidades ligadas a la reproducción (embarazos, partos, anticoncepción, etc). Así, en algunos países con sistemas de salud basados en este tipo de aseguramiento, las mujeres pagan hasta tres veces más que los hombres por las primas de atención sanitaria. Esta inequidad se agudiza por el hecho de que las mujeres constituyen los grupos de población más pobres y tienen menor capacidad de pago, lo que las convierte en un grupo especialmente vulnerable. Según un informe de la OMS-EUROPA, la experiencia de países de altos y de bajos ingresos indica que los sistemas cuya financiación está basada en impuestos y seguridad social son los más equitativos, también para las mujeres.

Las mayores dificultades de las mujeres para el acceso a los servicios sanitarios no son exclusivas de países de bajos ingresos. Según datos del INE, en nuestro país las mujeres tienen más dificultades que los hombres para acceder a la atención sanitaria que necesitan por motivos relacionados con listas de espera, dificultades de transporte o distancia o de índole económica. Y esto afecta a diverso tipo de servicios, como la atención médica, la salud mental, la salud dental o los medicamentos recetados.

También existen desigualdades en la utilización de servicios sanitarios. Las mujeres utilizan más los servicios de atención primaria que los hombres por motivos relacionados con la propia salud, pero también consultan más por necesidades de otras personas a las que cuidan. Sin embargo, excluyendo partos y cesáreas, los hombres son hospitalizados con mayor frecuencia que las mujeres, tanto para intervenciones quirúrgicas, como para procedimientos diagnósticos o tratamientos médicos. Esto resulta especialmente paradójico teniendo en cuenta que las mujeres tienen peor percepción de su salud y padecen con más frecuencia enfermedades crónicas y discapacidad.

¿Por qué ocurre esto? La mayor utilización de las mujeres de servicios de atención primaria no se puede entender como un privilegio, sino como un indicador de desigualdad social relacionada con el desequilibrio de roles y responsabilidades en los cuidados exigidas a mujeres y hombres.

Es necesario romper con el estereotipo de que las mujeres son las mayores utilizadoras de los servicios sanitarios, porque no solo consultan para ellas mismas sino para los demás miembros de la familia y porque esto no se cumple en el ámbito hospitalario, donde las consultas no se realizan a demanda, sino que se accede a través de la derivación de profesionales que deciden sobre el tipo de atención que necesitan los y las pacientes. La mayor utilización del hospital por parte de los hombres es un indicador de los sesgos de género en el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, sobre los que existen numerosas evidencias en la literatura científica.

Tomar medidas para reducir y eliminar las desigualdades de género en los servicios de salud no es solo una obligación ética, existen mandatos normativos, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel estatal, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres dedica su Artículo 27 a las políticas de salud. En él establece, entre otros aspectos, que “las políticas, estrategias y programas de salud integrarán en su formulación y desarrollo las distintas necesidades de mujeres y de hombres y las medidas necesarias para abordarlas”. También que se debe garantizar el igual derecho a la salud de las mujeres y hombres, evitando que las diferencias biológicas o los estereotipos sociales produzcan discriminaciones; o la obtención y tratamiento de datos desagregados por sexo en registros, estadísticas y sistemas de información sanitaria.

Trabajar para alcanzar la equidad de género en salud es una cuestión de justicia social. En este mes de marzo, el más feminista del año, también debemos reclamar la eliminación de las “injusticias de género” (en palabras del premio nobel Amartya Sen) en la atención y el cuidado a la salud.