Los municipios afectados por la propuesta de ampliación de la Reserva de la Biosfera Sierra Nevada se debaten estos días entre los beneficios que puede reportarles la total integración de sus términos municipales en esta área, como el acceso a fondos, y el temor a que conlleve restricciones que lastren su desarrollo.

En la actual reserva participan 60 municipios de las provincias de Granada y Almería. Sin embargo, una parte de sus términos municipales y bastantes de sus núcleos urbanos y actividades socioeconómicas quedan fuera, cuando lo que precisamente se busca con esta figura es promover ese desarrollo sostenible en la relación del hombre con el entorno.

La Unesco ha concluido en su última evaluación que, para que Sierra Nevada mantenga su designación de Reserva de la Biosfera, debe ampliar la zona de transición, incluyendo los núcleos urbanos. La propuesta que se ha hecho desde Andalucía es incorporar la totalidad de la superficie de estos 60 municipios, con lo que Sierra Nevada ganaría 150.000 hectáreas más de Reserva de la Biosfera. Los ayuntamientos deben darle el visto bueno en pleno antes de la fecha límite para remitir la propuesta, que es el 30 de junio.

Ante esta disyuntiva, los quince alcaldes de los municipios de Almería cuyos términos municipales forman parte de los planes de ampliación de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada, harán entrega el próximo miércoles, 15 de Mayo, a las 10:30 horas, en la sede de la Delegación del Gobierno de Andalucía en Almería, de un manifiesto conjunto, también firmado por los alcaldes de los municipios granadinos involucrados en la ampliación, con el fin de demandar una mayor capacidad de decisión sobre las medidas que afectan al territorio que ellos gestionan sobre el terreno.

Los alcaldes reclaman con esta medida información adecuada a los propietarios de los terrenos y vecinos de las repercusiones legales y administrativas de la ampliación propuesta. También igualdad de oportunidades con la implementación de medidas que fomenten el desarrollo económico y social de los municipios de la zona, combatiendo el despoblamiento y la pobreza.

A su vez, requieren un blindaje de servicios públicos esenciales asegurando el acceso a una educación, sanidad, servicios sociales y transporte de calidad para todos los habitantes de la zona así como la participación real de la población local impulsando mecanismos de participación efectiva de los ayuntamientos y la población en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de la Reserva.

Los regidores también reclaman una valoración justa de los servicios ambientales implementando mecanismos de compensación económica por los servicios ambientales que prestan los ecosistemas de Sierra Nevada, como la retención de agua, la protección del suelo y la regulación del clima.

Finalmente apuestan por la recuperación del medio ambiente mediante la inversión en la recuperación de los ecosistemas degradados, incluyendo la reforestación, la lucha contra la erosión y la prevención de incendios.

Normativa de la UNESCO

El director del Espacio Natural de Sierra Nevada, Francisco de Asís Muñoz Collado, ha incidido en que la Reserva la Biosfera es un área no protegida y no conlleva legislación específica, sino que "es un reconocimiento a unos valores que tiene la zona, como lo es un Geoparque u otros reconocimientos de la Unesco", ha relatado a Europa Press.

Recuerda así que este organismo no tiene capacidad para legislar ni de intervenir en los municipios, un asunto que está siendo tratado en las diferentes reuniones que se están manteniendo con los alcaldes de los 60 municipios afectados, a los que esta misma semana se ha remitido la documentación específica de la Unesco que acredita este extremo y se está informando de los fondos nacionales, europeos y planes de apoyo a los que podrían acceder por ser Reserva de la Biosfera.

El próximo 30 de junio es la fecha límite para remitir la propuesta de ampliación y rezonificación de la Reserva de la Biosfera Sierra Nevada a la Secretaría del Programa MaB en España. De julio de 2024 a septiembre de 2025 está prevista la revisión de la propuesta por parte del Comité Español del Programa MAB y su envío al Consejo Internacional de Coordinación (CIC), que emitirá unos primeros resultados en junio de 2025.